SIMEDUCO

Simeduco denuncia política de traslados arbitrarios de profesores

La gremial de docentes sostiene que son medidas inconsultas. En un centro educativo público de Santa Ana por lo menos nueve profesores son afectados por la medida, según denunciaron ayer. 

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Las profesoras Patricia Escobar (Izq.) y Rosa del Carmen Herrera, del Centro Escolar José Mariano Méndez, externaron su preocupación por la orden del Mined.  | Foto por Susana Joma

Los docentes del Centro Escolar José Mariano Méndez, de Santa Ana, se encuentran preocupados porque el director de la Departamental de Educación de esa localidad ordenó a la directora de esa institución que ponga a disposición las plazas de nueve docentes. Visiblemente afectada, la profesora Cecilia Carranza,  directora del centro de enseñanza, sostuvo que 5 de las plazas que le ordenaron que declare subutilizadas son de docentes con salario base y 4 de  profesores que trabajan con sobresueldo.

De acuerdo a lo expuesto por Carranza, la indicación les llegó el pasado viernes luego que el 9 de enero dos técnicos de la oficina de Educación de Santa Ana,  llegaron a la institución para realizar una evaluación de matrícula, momento en el que tenían 204 alumnos en el turno de la mañana y 123 en le de la tarde.

Según Carranza, la medida fue girada bajo el argumento de que el centro educativo cuenta con baja matrícula.

 Sin embargo, la educadora aclara que la orden de poner a disponibilidad las plazas no tiene razón de ser porque en la actualidad tienen 248 alumnos por la mañana y 123 por la tarde, con lo que hacen un total de 371; además, hay posibilidades de que la población estudiantil crezca aún más debido a que el proceso de matrícula se mantendrá abierto hasta marzo.

El centro escolar santaneco tiene 20 educadores, pero con la nueva disposición  la planta docente se reducirá prácticamente a la mitad, con lo cual se pone en riesgo de cierre el turno de la tarde.

Según Francisco Zelada, secretario general de la gremial Simeduco, este caso se suma al de otras instituciones educativas que durante el inicio del año escolar han sido objeto de subutilización de docentes, entre ellas el Centro Escolar Cantón San Bartolo, de Ilopango; y el Centro Escolar Joaquín Rodezno, ubicado en el centro de la capital.

Zelada asegura que la orden es arbitraria y se trata de una política que el Ministerio de Educación (Mined) impulsa a través de las direcciones departamentales, con miras a ahorrarle fondos  para enfilarlos a la campaña política, así como para favorecer el ingreso de profesores afines al gobierno.

El sindicalista, que hizo un llamado al presidente de la República, Salvador Sánchez  Cerén, para que destituya al director departamental de Santa Ana, argumenta que en los centros educativos donde a inicios de año se dieron protestas se subutilizaron unos 20 docentes, pese a que el ministro Carlos Canjura se comprometió a finales de 2016 a no continuar con esa medida que consideran arbitraria.

Al referirse al caso del Centro Escolar José Mariano Méndez, el representante de la gremial dijo que se está contraviniendo la Ley de la Carrera Docente porque en ella se establece que un educador puede ser trasladado cuando no tiene alumnos matriculados, pero este no es el caso.
El sindicalista subrayó que la directora Carranza ha sido amenazada con sanciones si se niega a ejecutar la medida.

La profesora Patricia Escolar, quien tiene 11 años de laboral en la escuela, sostuvo que están preocupados por sus empleos y porque la medida afectará a los alumnos cuyas familias tienen sus razones para haber escogido el centro escolar y el turno donde matricularlo.  

“No estamos tranquilos, pensando quién de nosotros mañana ya no tenemos que ir a trabajar a la institución donde hemos laborado por años” . Patricia Escobar, profesora del Centro Escolar José Mariano Méndez, de Santa Ana.
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EDUCACIÓN: EN 2017, LA PAZ, EN GUERRA     V – PARTE

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Aprovechamos para denunciar, públicamente, que el día viernes 03 de febrero de 2017, la delegada de la PDDH del departamento de La Paz, Krista Jissela García de Morales, sostuvo una reunión con la Directora Departamental de Educación; la señora Gobernadora política de ese departamento y otros representantes patronales, en la oficina departamental de gobernación, en la que podrían haber planeado el papel que jugarían los grupos de choque; los representantes patronales; la PNC; los supuestos pandilleros y la delegada de la PDDH asignada, de cara al conflicto.

Aclaramos que, en ningún momento vamos a confrontar con la misma gente del pueblo; tal como lo hizo el FMLN en el pasado (no sólo dinamitó postes, torres, puentes, quemó fuentes de empleos de salvadoreños como fábricas, sino que, además, secuestró y asesinó alcaldes y, algunos de sus miembros, fueron señalados por la comisión de la verdad, de participar en ejecuciones sumarias, violando los tratados de Ginebra); que el grupo de choque del FMLN incluía mujeres y, niños para utilizarlos como escudos humanos. Nuestra lucha no es contra personas de nuestra misma clase, ni mucho menos contra mujeres y niños: Nuestra lucha es en contra de los malos funcionarios del gobierno; nuestra lucha es contra la corrupción y el mal uso de los recursos del Estado; es contra los funcionarios que cobran elevados sueldos de los impuestos de los salvadoreños para hacer activismo partidario y para reprimir trabajadores.

Finalmente, con el tratamiento que el Gobierno de El Salvador, está dando a este conflicto, queda demostrado el carácter fascista del gobierno, el irrespeto y el desprestigio de las instituciones democráticas secuestradas por el partido, así como también el irrespeto a los debidos procesos y a los derechos laborales y humanos de los trabajadores de la Educación Pública, y del pueblo salvadoreño en general.

Los sindicatos de Educación que representamos a los Trabajadores, responsabilizamos al Estado y, al Gobierno de El Salvador, de cualquier atentado que pudiere sufrir cualquiera de nuestros dirigentes y, hacemos un urgente llamado a la Organización de las Naciones Unidas, ONU; a la Organización de Estados Americanos, OEA; a Amnistía Internacional; a la Organización Internacional del Trabajo, OIT; a la Embajada de Estados Unidos en El Salvador y a todas las Instituciones defensoras de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, a prestarle especial atención a este caso.

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EDUCACIÓN: EN 2017, LA PAZ, EN GUERRA     IV – PARTE

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Cuando eran las 12:20 minutos del día sábado 04 de febrero, se empezaron a reagrupar los grupos de choque y empezaron a provocar, mientras los miembros de la PNC observaban a unos metros de distancia, bajo la orden del jefe, Comisionado Omar Joachin, de no intervenir, con el pretexto de garantizar la libre circulación de los grupos de choque.

Al detectar la presencia de supuestos pandilleros, uno de los sindicalistas se acercó al jefe policial y le pidió que interviniera y este respondió: “Hoy no vengo a capturar pandilleros, sino a desalojarlos a ustedes”.

Inmediatamente los grupos violentos ingresaron a las instalaciones de la oficina departamental de educación, robando pertenencias de los sindicalistas y destruyendo pancartas, y abriendo la puerta alterna de la oficina departamental; fue en ese justo momento, cuando apareció la delegada de la PDDH del departamento, riéndose y dirigiéndose, directamente  a los líderes de los grupos de choque y, junto al jefe policial, con apariencia triunfalista, sacó su teléfono celular y junto a los supuestos pandilleros y al jefe policial, empezaron a tomar fotos y videos a los sindicalistas y a sus vehículos, incluyendo sus placas; una compañera sindicalista se acercó a la señora Krista Jissela García de Morales y le solicitó que interviniera, ante lo cual la señora de Morales respondió: “ellos se lo buscaron” y, desde entonces, se dedicaron a darles  protección a los grupos violentos que se introdujeron a la oficina y luego, se escuchaban fuertes ruidos; por lo que se supone, se encontraban dañando bienes públicos para luego, acusar a los sindicalistas por daños y perjuicios; El compañero sindicalista Saúl Alexánder Rosales Vásquez, escuchó al Comisionado de la PNV Omar Joachin, decirle a uno de los dirigentes de los grupos de choque: “Ya tienen la oficina, organícense para  mantener el control”.

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